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José de San Martín

y la pena de muerte; ante el fraude en perjuicio de la Administración Pública

Por Felisa Fernández Alberté

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       Tenemos antecedentes que definen el pensamiento político de San Martín, según se expresa a través de sus bandos, edictos, reglamentos, instrucciones y leyes promulgadas en su carácter de Jefe de Ejército, gobernador, Intendente de Cuyo y como Protector del Perú.

       En 1821 asumió el gobierno del Estado de Perú y reunió las funciones Ejecutiva y Legislativa. Las circunstancias eran difíciles dado el estado de guerra en que se desenvolvía el país. En el decreto promulgado el 27 de diciembre de 1821, que transcribimos textualmente, dice : «A los empleados en el ramo de hacienda a quienes se justificare algún fraude, cohecho o la más leve infracción en sus derechos, comprobada que sea su mala fe, sufrirán irremediablemente la pena de muerte. Imprímase, publíquese por Bando e insertase en la Gaceta Oficial. Firmado San Martín por orden de S. E. Bernardo de Monteagudo» (Art. cuarto).

       Este decreto esta fundamentado en lo siguiente: «La prosperidad del comercio y el aumento de las rentas del Estado dependen esencialmente de la moderación de los derechos con que se grava al comerciante honrado, y de la inexorabilidad con que se castiga al defraudador de ellos. El reglamento del 28 de septiembre llena el primer objeto por la liberalidad de sus principios, pero la experiencia ha demostrado que es tanto más preciso imponer penas severas a los que, en perjuicio de los que cumplen con sus leyes, emplean métodos reprobables para aumentar su fortuna, como ocurre en circunstancias de modificación de regímenes imperantes, es necesario proceder con cierta severidad».

       La norma mencionada aparece en el Proyecto de Código penal del Perú que redactara Manuel R. Vidaurre. Comenzado en 1821, siendo Oidor en la Audiencia de Cuzco (y lo concluyó ocupando el cargo de Oidor en la Audiencia de La Habana en 1821), su proyecto completo se publica en Boston en 1826 en la imprenta de Hiram Tupper. El primero de septiembre de ese año lo remitió al Congreso del Perú.

       Los hechos que movieron a San Martín se refieren a los fraudes en la administración de Intendencia y la delictiva actitud de Lord Metálico -como lo llamaba San Martín- con respecto a fondos depositados en sus naves en el puerto de Ancon y de los cuales este Lord Cochrane se apoderó, a pesar de la prohibición y las protestas de San Martín. Las dificultades para controlar la administración y el desorden recibido de la corrupta administración del virrey Abascal. No se piense en un San Martín intransigente y despótico; como señala Rodolfo Argañaraz Alcorta, «puede ser considerado el iniciador y el propulsor de la reforma carcelaria en el Perú y en la Argentina, de la humanización del sistema punitivo y del régimen penitenciario hasta donde las circunstancias de la época lo permitieron». Decreto del 18 de octubre de 1821: «La humanidad, cuyos derechos han sido tanto tiempo hollados en el Perú, debe reasumirlos bajo la influencia de leyes justas... Las penas aflictivas que con tanta liberalidad se imponían, sin exceptuar sexo y edad, y cuyo sólo recuerdo estremece las almas sensibles, lejos de corregir al que las sufre, le endurece en el crimen haciéndole perder enteramente todo pudor y aun la estimación de si mismo. Por lo tanto deseando desarraigar los abusos que degradan la dignidad del hombre» (cit R. Algañaraz Alcorta).

       El Decreto de San Martín del 3 de enero de 1822 señala: «He acordado y decreto: l) Queda abolida en el Perú la pena de horca, y los desgraciados contra quienes pronuncie la justicia el fallo terrible, serán fusilados indistintamente. 2) Los que sean condenados a muerte por altos crímenes de traición o sedición, serán ejecutados del mismo modo, con la diferencia de ser puestos en la horca sus cadáveres para ser más impresivo su castigo. Comuníquese a la alta Cámara para que circule; insertase en la Gaceta oficial». Dado en el Palacio Protectoral de Lima el 3 de enero de 1822. Firmado San Martín, por orden de su E. B. Monteagudo (Gaceta del gobierno), sábado 5 de enero de 1822, Nº 2, tomo 2, Pág.. 271 (cit. Rodolfo E. Argañaraz Alcorta, La Nación, 5 de mayo de 1989).

       Habiendo seguido la trayectoria de San Martín durante toda su gesta patriótica es imposible desconocer sus sentimientos generosos y la indulgencia puesta de manifiesto en varias oportunidades al indultar penas severas.

       También al declarar «abolida la esclavitud en suelo peruano el 12 de agosto de 1821, la abolición del vergonzoso tributo que pagaban los esclavos y la libertad de vientres el 24 de noviembre de 1821».

       Las circunstancias políticas guían la mano del gobernante, y frente a circunstancias confusas es preciso poner orden y si es necesario fuerza en el accionar, pero, como el Libertador, tener la mente siempre atenta para cambiar el rumbo y afianzar la justicia.

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