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EL DOMINIO PUBLICO  

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Hay múltiples definiciones. La de nuestro Código dice que el dominio es un derecho real en cuya virtud una cosa se halla sometida a “la voluntad y a la acción de una persona”.

El dominio es la facultad que se tiene de disponer de una cosa. Nuestro Código Civil dice “que es un derecho real en cuya virtud una cosa se halla sometida a la voluntad y a la acción de una persona”. Nos parece más expresiva, sobre todo en relación con nuestra época, la que afirma un derecho real más amplio, que se puede tener sobre las cosas; para usar, gozar y disponer de ellas, compatiblemente con la coordinación social.

El dominio público del derecho común se refiere a la propiedad de bienes materiales afectados  al  uso directo de la comunidad.

El dominio público del derecho de autor permite que, transcurrido el plazo de duración del derecho patrimonial (70 años), no pase al dominio del Estado. Las obras pueden ser usadas, reproducidas y comunicadas al público (representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas) y transformadas (adaptadas, traducidas) por cualquier persona, sin que ninguna pueda adquirir derechos exclusivos sobre ella.

Pero se pueden adquirir derechos sobre los aporte creativos, como en el caso de las traducciones y adaptaciones, o en el caso de crear una nueva obra, como los ensayos a partir de obras o de autores conocidos.

Finalmente, el art. 83 de la ley 11.723 organiza un procedimiento administrativo destinado a la protección de los derechos de las obras que se encuentran en el “patrimonio cultural común” denominado “dominio público”. Esta norma dispone, después de vencidos los términos del art. 5, que “se podrá denunciar a la Dirección Nacional del Derecho de Autor las obras que se encuentren en el dominio público”.

El fundamento del cobro por el Estado en el caso del “dominio público pagante” reside en gravar determinados actos de contenido económico, que se realizan libremente. El acceso de toda la sociedad a las manifestaciones del creador, vencido el plazo de explotación económica por el autor o sus herederos, permite la difusión y recreación de las mismas, así como significa un aporte valioso en el avance de la cultura de los pueblos.

Algunos países, como Argentina, Italia, Uruguay, Hungría y México, participan del sistema del dominio público oneroso. No es necesario solicitar autorización alguna al Estado porque tal condición es contraria a la naturaleza misma de la institución del dominio público, ya que el Estado no sustituye a los sucesores del autor, en la calidad de titular de los derechos económicos de la obra.

La razón del cobro por parte del Estado reside en su potestad de gravar determinados actos de contenido económico que se realizan libremente, así como la explotación de obras de dominio público que realizan los editores, empresarios, productores, etc. Asimismo, se evita una competencia desleal con obras que se encuentran en el dominio privado.

Al respecto, existe un viejo proyecto del diputado Gentile, que propone a la Sociedad Argentina de Escritores como ente recaudador. En el articulo 3, inc. c, señala: “Dominio público pagante a la figura establecida en el decreto ley 1.540/57, de la que la institución retendrá al Fondo Nacional de las Artes el 15 % de la recaudación en concepto de gastos administrativos”.

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