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LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL SISTEMA

INTERNACIONAL

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       La circulación del libro a través de los distintos países generó algunos problemas de índole comercial, en cuanto a la distribución y también referidos a la autoría, y especialmente en lo que se refiere a la ley aplicable, si la nacional o extranjera. Estas situaciones conflictivas fueron resueltas mediante convenios bilaterales entre los países. Pronto se apreció que tales acuerdos beneficiaban a los editores, mientras los autores permanecían en ciertos lugares, con legislaciones atrasadas o sin ellas, totalmente desprotegidos. De ahí que se trató de lograr normas de aplicación internacionales.

       Así fue como el escritor francés Víctor Hugo encabezó un grupo de intelectuales en un movimiento gremial, vinculado con la protección de los autores, que promovió la sanción del Convenio de Berna de 1886.

       El surgimiento de nuevas tecnologías de comunicaciones en el siglo XIX, y su expansión masiva, complicó las relaciones entre los estados y llevó a los países a iniciar una serie de convenios multilaterales que permitieran proteger a los nacionales y promover sus propias industrias culturales. En consecuencia, el derecho de autor pasó a ser uno de los temas fundamentales de las conversaciones diplomáticas internacionales, llevando a la redacción de sucesivos tratados. A algunos de ellos se ha adherido nuestro país.

       Existen asimismo tratados regionales como el Tratado de Montevideo de 1889. La ley 3192, sancionada el 11 de diciembre de 1894, aprobó el "Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística "firmado por la Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, habiéndose recibido con posterioridad las adhesiones de Francia, Italia, Bélgica, Austria y Alemania. Los Estados contratantes se comprometieron a reconocer los derechos intelectuales de los autores y sus sucesores, provenientes de los países signatarios . En el articulo 3 se establece que "el derecho de propiedad de una obra literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de enajenarla, de traducirla o de autorizar su traducción y de reproducirla por cualquier medio", que se corresponde con el artículo 2 de nuestra actual ley vigente de propiedad intelectual 11723 de alcance nacional.

       La Convención Interamericana de Buenos Aires de 1910: la ley 13.585 del 17 de octubre de 1949 aprobó la Convención sobre Propiedad Artística y Literaria suscripta en la IV Conferencia Internacional Americana celebrada en Buenos Aires el 11 de agosto de 1910 entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela, establece que las obras artísticas y literaria comprenden: los libros, escritos, folletos de todas clases, cualquiera sea la naturaleza que se trate, y cualquiera sea el número de sus páginas, las obras dramáticas y dramático musicales, con o sin palabras, los dibujos, las pinturas, las esculturas, los grabados, las obras fotográficas, las esferas astronómicas, y geográficas, los planos, croquis y trabajos plásticos relativos a geografía, ecología o topografía, arquitectura o cualquiera ciencia y toda producción que pueda publicarse por cualquier medio de impresión o reproducción": El reconocimiento del derecho que se haga a un autor y sus derechos habientes en su país de origen, sea nacional o extranjero domiciliado, es válido para todos los Estados contratantes sin más limitaciones que las reconocidas por estos referidos a plazos o a la amplitud del derecho. Se regulan también las publicaciones en volúmenes separados o en boletines o entregas parciales, la reproducción de material de los periódicos o revistas, las traducciones, los discursos públicos, los argumentos y la reproducción ilícita y la falsificación.

       La ley 14.186 sancionada el 24 de junio de 1953 ratifica la "Convención Interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas "conocida como: Convención de Washington de 1946, celebrada en la ciudad que le dio el nombre de los Estados Unidos de Norteamérica el 22 de junio de 1946 con la presencia de los representantes de los gobiernos americanos.

       En esta Convención se garantiza el derecho moral del autor sin perjuicio de su derecho pecuniario, sancionándose la reproducción ilícita que es la realizada sin la pertinente autorización, aunque esta última no es requerida para la reproducción de breves fragmentos en publicaciones con fines didácticos-científicos, siempre que se indique al pie la fuente. La ultima tutela está dirigida al título de la obra como parte integrante de ella.

       La ley 17.251 del 25 de abril de 1967, ratifica la adhesión a la "Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas", firmada en Berna en 1886, completada en París en 1896, revisada en Berlín en 1908, completada en Berna en 1914, revisada en Roma en 1928 y en Bruselas en 1948. Los países signatarios Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Reino Unido de Inglaterra y Marruecos, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Santa Sede, Suecia, Suiza, Siria, Túnez, Unión de Sud África, Yugoslavia; en la actualidad el número de Estados miembros es de aproximadamente cien países entre los que se incluyen los Estados miembros del Mercosur.

       En principio esta convención declara que el derecho a la creación intelectual es anterior al cumplimiento de cualquier formalidad legal y se rige por las leyes del país, en donde se solicita la protección, considerándose como país de origen para las obras publicadas el de la primera edición y para las inéditas, aquel al cual pertenece el autor. Se consideran protegidos todos los objetos similares a los establecidos en la Convención de Washington pero se agregan traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y otras transformaciones, así como las recopilaciones tales como las enciclopedias y antologías, dejándose a las legislaciones de los países contratantes el régimen de las obras de arte aplicadas a los diseños y modelos industriales, diferenciándose el derecho moral del derecho patrimonial del autor.

       El decreto ley 12.088/57 del 21 de octubre de 1957 ratificó la "Convención Universal sobre Derechos de autor" celebrada el 6 de setiembre de 1952, en la Conferencia Intergubernamental reunida en Ginebra, bajo los auspicios de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En términos generales, puede sostenerse no sólo que no varía el contenido de la Convención de Berna sino que la completa y complementa, aclarando algunos aspectos referidos a la interrelación, entre las distintas legislaciones de los países signatarios. Una de las diferencias esenciales es el régimen de licencias obligatorias de traducciones que establece, a cuyo régimen deberán adecuarse las legislaciones nacionales conjuntamente con la ratificación de la Convención, tal como lo hizo nuestro país al sancionar el decreto 1.155/58.

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